1.  Reforma Judicial: Apoyamos al sector público en el fortalecimiento de la justicia penal para incrementar el acceso de grupos vulnerables al sistema y promover su independencia y transparencia. Capacitamos  profesores universitarios y oficiales públicos en la implementación del Código de Procedimiento Penal a escala nacional.

    2. Gobiernos Locales: Trabajamos con 45 municipios a lo largo del país para ayudarles a proveer mejores servicios e incrementar la participación y control social de sus ciudadanos. También promovemos políticas de descentralización en el ámbito nacional para mejorar los mecanismos de planificación participativa, vigilancia ciudadana y rendición de cuentas.

3.  Lucha contra la Corrupción: Contribuimos a la lucha contra la corrupción a través de capacitación a organismos de control, entidades del sector judicial y gobiernos locales para promover transparencia y la rendición de cuentas.  También apoyamos a la sociedad civil a promover la vigilancia, acceso a la información pública y adopción de valores éticos. 

4.  Reforma Electoral: Trabajamos con el Tribunal Supremo Electoral, tribunales provinciales y miembros de las juntas receptoras del voto, apoyando el desarrollo de procesos electorales democráticos, libres, y transparentes, así como a la promoción de reformas legales en el campo electoral.  Apoyamos la observación internacional de elecciones y a la sociedad civil en el establecimiento de un sistema nacional de observación electoral, campañas de educación a los votantes, diálogos con candidatos, monitoreo de gastos en campañas electorales, así como la discusión, y difusión de reformas legales.

5. Trata de Personas: Apoyamos los esfuerzos del Gobierno nacional, municipalidades y organizaciones no gubernamentales para prevenir la Trata de Personas, desarrollar políticas de sanción de este delito a través de 5 proyectos en 6 provincias.

Resultados:

•  40 organizaciones de la sociedad civil han  implementado proyectos de transparencia y reforma judicial.

•  El fortalecimiento de los servicios de defensa pública ha beneficiado a más de 4.000 personas en seis ciudades del país. 

•  41 municipios en el país definen con la ciudadanía sus prioridades.

• Más de 30 municipios tienen vigilancia ciudadana en la ejecución de sus proyectos.