USAID/Ecuador
Informe de Resultados 2006
Febrero 2007

Desarrollo Económico y Reducción de la Pobreza
Se estima que existe entre 1 a 1.2 millones de microempresas en el Ecuador.  Aproximadamente 1 millón de personas, cerca del 25% de la fuerza laboral urbana, trabaja en microempresas.  En promedio, las ventas mensuales de los microempresarios bordean únicamente $778, pero en su totalidad, alcanzan el 25,7% del PIB del Ecuador.  La mayor parte de estos prestatarios están en el sector informal y viven en los centros urbanos, con una población de más de 10.000 habitantes.  A pesar de que estos clientes están pagando las tasas de interés del mercado y muchos son prestatarios por primera vez, la morosidad alcanza únicamente el 4,5% en promedio, lo que indica que la mayoría de prestatarios están repagando dichos préstamos a la tasa del mercado.

La ayuda de USAID al crecimiento de la microempresa contribuye a la reducción de la pobreza y al crecimiento económico.  Actualmente el Ecuador cuenta con un sector microfinanciero del más alto crecimiento en toda América Latina, debido en gran parte al apoyo de USAID.  De diciembre 2001 a septiembre 2006, el número de clientes que recibió microcréditos a través de los programas financiados por USAID incrementó de 81.294 a 360.050, lo que representa un 343% de incremento.  Cincuenta y cuatro por ciento de los clientes eran mujeres.  El portafolio de préstamos también creció, de $67.3 millones en diciembre 2001 a $631.4 millones en septiembre de 2006, es decir, un incremento del 838%.  Junto con este dramático crecimiento, el sector privado fue exitoso en mantener su base de clientes microempresarios.  El promedio del tamaño del préstamo en el período 2001-2006 se mantuvo bastante bajo, aproximadamente $1.600.  El número de oficinas que ofrecen microcrédito también se ha incrementado dramáticamente, de 26 a 252, lo que significa que el microcrédito es más accesible literalmente a millones de ecuatorianos pobres.
 
Dichas cifras acumulativas son impresionantes y durante el año 2006 se ha continuado obteniendo logros significativos.  En el año 2006, el número de micro prestatarios creció en un 10,48%, alcanzando un total de 435.892 clientes, quienes se han beneficiado de la asistencia de USAID.  El portafolio total de préstamos también creció en un 29,37% en el año 2006.  A la fecha alcanza $809.1 millones.  Un programa de remesas con las cooperativas de crédito apoyado por USAID creció rápidamente, 221% sólo en el 2006.

Durante el año 2006, la asistencia técnica a la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBI) se concentró en normas de transparencia, reservas de seguros y planeación estratégica.  Como resultado de esta asistencia, la industria de seguros incrementó su base de patrimonio y capital a cerca de $30 millones y se está implementando un plan estratégico para modernizar las normas en base a los Acuerdos de Basel.  Tenemos expectativas que las normas de transparencia sean aprobadas por el Directorio Bancario en el año 2007.

La Unidad de Transferencia de Precios establecida en el año 2006 por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) actualmente analiza los impuestos a la renta corporativos, promueve el cumplimiento de las leyes tributarias e identifica a los evasores de impuestos, lo que  ha permitido aumentar la recaudación de impuestos corporativos en $15 millones en el año 2006.

En el año 2006, se implementaron nuevos sistemas de administración de recursos humanos en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), incluyendo un registro de personal y un sistema de evaluación de empleados, lo que ha permitido que el MEF cuente con herramientas que le permitan mantener un sistema de administración de personal eficiente y objetivo.

En el año 2006, se realizaron más de 20 talleres para grupos de analistas económicos y de negocios para discutir sobre la necesidad de un manejo fiscal responsable y reformas estructurales.

Con el propósito de ayudar a armonizar las regulaciones, la legislación y las prácticas con las convenciones la Organización Mundial de Comercio que el Ecuador ha firmado, USAID colaboró en la preparación de un borrador de las leyes fitosanitarias para garantizar estándares adecuados para los productos de origen animal y vegetal y trabajó con el sector privado en el desarrollo de manuales de mejores prácticas para la producción de aves y cacao.  USAID también colaboró con el Ministerio de Industrias y Comercio (MICIP) en la conducción de más de 130 talleres alrededor del país para tratar sobre los beneficios de libre comercio, en la preparación de un diagnóstico técnico sobre los efectos de firmar o no firmar el Tratado de Libre Comercio, y mantuvo 50 talleres para el Congreso sobre temas de comercio. 
 
A nivel micro, USAID ayudó en el incremento de la competitividad en la industria de cuero al identificar y juntar a los compradores y vendedores.  En Cuenca, en sólo tres meses, la asistencia técnica a un grupo de fabricantes de cuero aumentó la producción de sombreros en un 300% y 525% en la producción de carteras; generó 122 nuevos empleos y permitió que 32 microempresas llegaran a ser parte del grupo (ver tabla).

TABLA

Democracia
Desde el 2001, USAID financia cada dos años una encuesta nacional de opinión pública para definir si ha aumentado o no el apoyo a la democracia entre el público en general.  En el año 2006, USAID publicó y difundió la tercera Encuesta Nacional de Valores Democráticos.  Dicha encuesta señala que los ecuatorianos siguen confiando más en las municipalidades que en las instituciones del gobierno central.  El 47,3% de los ecuatorianos tiene confianza en las municipalidades comparado con el 16,7% que confía en el Congreso, 21,7% en el Gobierno Central y 24,7% en las Cortes.  Un 48,1% de los ecuatorianos confía en Participación Ciudadana, ONG que recibe apoyo de USAID, porcentaje que supera el de la confianza en las municipalidades.  Aproximadamente 500 ecuatorianos y ocho universidades locales auspiciaron seminarios de difusión de los resultados de la encuesta. 

En el año 2006, USAID financió los esfuerzos de algunas organizaciones de la sociedad civil en la observación del proceso electoral.  Dichos esfuerzos contribuyeron a la realización de elecciones libres, justas, transparentes e inclusivas.  Tanto la Organización de Estados Americanos como la organización Ecuatoriana Participación Ciudadana (PC) declararon las elecciones libres y justas.  Con el apoyo financiero principalmente de USAID, PC pudo desarrollar una campaña nacional de información pública para promover el voto responsable e informado.  También realizó un monitoreó de gastos de campaña por parte de los candidatos, realizó una encuesta nacional sobre la satisfacción con el proceso electoral y estableció un sistema electrónico de noticias enlazado con los principales medios internacionales.  Más de 3.000 voluntarios trabajaron con PC para observar las elecciones de octubre y noviembre.  PC desarrolló y condujo un conteo rápido en la primera y segunda vueltas con un margen de error de únicamente +/-0,08%.

En la segunda vuelta, cuando el Tribunal Supremo Electoral decidió no conducir su propio conteo rápido, la habilidad de PC en conducir el conteo rápido a nivel nacional fue decisiva para ganar la aceptación del público de los resultados de las elecciones.

A más de PC, USAID también financió la observación de las elecciones por parte de grupos indígenas que desplegaron 186 observadores que cubrieron 524 mesas electorales en las seis provincias de mayor población indígena.

Después de tres años de lucha, en el mes de marzo 2006, el Congreso promulgó y el Presidente firmó una ley limitando el gasto electoral.  La ley contenía varios artículos que PC propuso y promovió desde el 2004.

A pesar del hecho de que el Ecuador experimentó una crisis judicial en el año 2005 cuando la Corte Suprema fue disuelta por el ex-Presidente Gutiérrez, la Encuesta Nacional de Valores Democráticos del 2006 mostró un ligero incremento en la confianza de los ciudadanos hacia el sistema de justicia, de 21,6% en el 2004 a 24,6% en el 2006.  Una de las razones por las cuales la legitimidad judicial pudo haber aumentado, a pesar de la crisis, se debe a los esfuerzos de USAID por promover el acceso a la justicia a nivel local.
 
En el año 2006, con el apoyo de USAID, 1.766 personas de grupos vulnerables recibieron defensa legal y otras 1.539 recibieron asesoramiento legal en ocho ciudades.  Los centros de servicios legales apoyados por USAID alcanzaron un 60% en la tasa de resolución de casos.  En únicamente seis meses, más de 500 personas fueron declaradas inocentes y salieron de la cárcel.  La ayuda legal fue también económica ya que el costo promedio fue únicamente de $150 por cliente.

En el año 2006, USAID contribuyó a la discusión, diseminación y conocimiento público sobre la necesidad de una Ley de Defensa Pública.  En parte, como resultado de estos esfuerzos, en noviembre del 2006 el Congreso pasó una Ley de Defensa Pública, la misma que fue subsecuentemente vetada por el Presidente.

La aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal fue evaluada en el año 2006 en tres ciudades que registran más del 60% de los casos penales en el país.  La evaluación demostró que el 89% de las audiencias en la ciudad de Guayaquil no se completaron durante el año 2005 por diferentes razones, incluyendo la falta de coordinación en los calendarios para la realización de los juicios.  Como respuesta a este hallazgo, el Consejo Nacional de la Judicatura asignó en el 2006 personal para coordinar la programación de los juicios y audiencias en Guayaquil.

La Red de Justicia, conformada por ONGs a nivel nacional jugó un papel importante en la vigilancia ciudadana del desempeño judicial.  Con el apoyo de USAID, en el año 2006 se establecieron cuatro nuevos Observatorios de la Justicia o grupos de veeduría ciudadana en las ciudades de Ibarra, Manta, Azogues y Guayaquil.  Treinta y cuatro organizaciones, incluyendo universidades, ONGs, y una Cámara de Comercio local, se encargaron del monitoreo de cinco medidas de desempeño judicial en estas ciudades, incluyendo acceso, transparencia e inclusión.  En septiembre del 2006, el pronunciamiento público de la Red de Justicia en relación a un escándalo de corrupción, influenció en la decisión de la Corte Suprema de Justicia para destituir a tres de sus magistrados.
 
En el año 2006, más de 700 abogados, defensores públicos y operadores de justicia recibieron capacitación en más de 30 talleres acerca de defensa pública y derechos humanos.  Con el apoyo de USAID, 30 abogados fueron entrenados como capacitadores en cinco provincias de la frontera sur para mejorar la aplicación de los procedimientos penales.  Ellos, a su vez, capacitaron a más de 320 abogados; un proceso que se replicará a través de los Colegios de Abogados en otras provincias.

Como resultado del proyecto de USAID para fortalecer a gobiernos locales, 39 gobiernos locales llevaron a cabo procesos de planificación participativa en el 2006, sobrepasando la meta de 25.  Un total de 41 gobiernos locales mejoró la entrega de servicios básicos, también superando la meta de 25.  Finalmente, 36 gobiernos locales mejoraron la transparencia, credibilidad y vigilancia ciudadana.  Ocho municipalidades emitieron ordenanzas reorganizando los sistemas administrativos para poder asumir la transferencia de nuevas responsabilidades e incrementar sus propias fuentes de ingresos y se capacitó a 30 juntas parroquiales en administración pública.

En el año 2006, con el apoyo de USAID, un total de 173 líderes de gobiernos locales recibieron títulos de post-grado, a través del primer programa ecuatoriano de administración municipal ofrecido en cuatro universidades.  El programa capacita a gerentes municipales en temas que incluyen planeación gubernamental, desarrollo organizacional, administración de recursos humanos, conflicto y mediación.

Como resultado de la asistencia de USAID, se han mejorado muchas prácticas en la administración municipal.  En San Lorenzo – una población en la frontera con Colombia – en el período 2004-2006, la ciudad incrementó su recolección de basura de 60% a 83% y reubicó sus rellenos sanitarios fuera de los límites de la ciudad.  En la Municipalidad de Esmeraldas, con el apoyo de USAID, el alcalde atendió las prioridades de los ciudadanos y construyó un matadero sanitario, el mismo que se concluyó en julio del 2006.  Cuando los políticos de la oposición se quejaron de que el matadero más eficiente no creó nuevos trabajos ni alimentó a los hambrientos, la municipalidad organizó – con un mínimo apoyo de USAID – una microempresa para generar puestos de empleo alrededor del procesamiento de cuero y fertilizantes, utilizando los productos biodegradables del relleno sanitario. 

Medio ambiente
En el Ecuador, USAID está trabajando para garantizar el manejo efectivo de más de 2’126.966 hectáreas de áreas protegidas, equivalente a 7,5% del área total del Ecuador o a un área aproximadamente del tamaño del estado de Nuevo Hampshire.  A fines del año 2006, 1’209.283 hectáreas fueron administradas eficazmente.

grafico

Islas Galápagos.  En el año 2006, USAID financió la instalación de 80 marcas de zonificación visibles a dos millas a la redonda de los 1.800 kilómetros de la costa de Galápagos y 10 boyas de amarras en los sitios de buceo más populares.   Estas mejoras son parte de un esfuerzo mayor para motivar al gobierno, pescadores, residentes y operadores turísticos para que el manejo de las islas Galápagos se lo realice en forma conjunta y sostenible.  Durante los últimos tres años, la asistencia técnica y la capacitación de USAID para apoyar a un manejo participativo de las Islas por parte de todos los usuarios, contribuyó a la reducción del número de huelgas costosas y negativas, es así que en el año 2004 hubo 7 huelgas y en el 2006 no hubo ninguna.  Otra decisión importante como resultado de este nuevo sistema administrativo fue prohibir la pesca por dos años de los pepinos de mar en vías de extinción.

Otro importante objetivo de USAID es contribuir a la creación de alternativas económicas sustentables para la gente que vive en las Islas Galápagos.  En el año 2006, USAID financió un centro de procesamiento de pescado, cuyas ventas han crecido a 1.200 libras por mes, y un negocio de pescado ahumado manejado por las esposas de los pescadores, el mismo que ha incrementado su producción de 25 a 600 libras por mes.

Andes Tropicales.  En el año 2006, USAID contribuyó al incremento del manejo de 830.000 hectáreas de parques y áreas protegidas que proveen el 70% del agua potable que toma la ciudad de Quito.  Un socio clave en este esfuerzo es el Fondo de Protección de Agua de Quito (FONAG), el mismo que se creó con apoyo de USAID.  En el año 2006, FONAG sembró 300.000 árboles nativos para estabilizar las cuencas, inició un programa para financiar completamente a los guarda parques comunitarios para comprometer a las comunidades a la conservación de las cuencas y apoyó la educación básica acerca de la importancia del agua y su conservación en 120 escuelas y 5.600 niños/niñas.

En el año 2006, USAID también contribuyó a la creación de un sistema de 110 guarda parques quienes realizan un patrullaje activo y brindan servicios de extensión y educación ambiental para conservar 715.836 hectáreas de tierra en las Reservas Cayambe-Coca y Antisana.  USAID también se ha asociado con 120 familias para resolver satisfactoriamente los conflictos de tenencia de tierra a lo largo de los 83 kilómetros en disputa, del perímetro del parque.

En el 2006, los socios de USAID trabajaron con las comunidades locales para mejorar el manejo de las cuencas y la vida silvestre, lo que dio lugar a la creación de la primera área protegida del Ecuador bajo la nueva ley de descentralización (100.000 hectáreas en la Provincia del Napo).  Además, en el año 2006 los convenios administrativos con los agricultores redujo a cero el número de ganado atacado por el Oso de Anteojos, este último en peligro de extinción (de más de 60 ataques en el año 2004).  Finalmente, en el 2006, el primer sitio RAMSAR del Ecuador (para pantanos internacionalmente importantes) fue establecido en la Bioreserva del Cóndor.

Grupos Indígenas.  Como administradores de una quinta parte del territorio Ecuatoriano, los grupos indígenas son aliados claves en la conservación.  Durante el año 2006, USAID ayudó a recuperar 310.776 hectáreas en la Frontera Norte para que sean parte de la administración de  recursos naturales mejorados (en un total de 658.212 hectáreas) y capacitó a 1.588 personas en el manejo de recursos y su conservación.  Dada la importancia de la tenencia de la tierra protegida, constituye un hito la titulación legal de 99.000 hectáreas del territorio Awa que se extiende entre Colombia y el Océano Pacífico.

Posiblemente los más vulnerables entre los grupos indígenas son aquellos que no han sido contactados y que viven en y alrededor de los bloques de hidrocarburos que ocupan parte del territorio Waorani en la región Amazónica.  Los Waorani controlan uno de los más grandes (790.000 hectáreas) y estratégicamente más importante bloque del bosque Amazónico.  Un paso importante hacia delante en garantizar el futuro de los Waorani fue un canje tripartito entre el GOE (Ministerio de Ambiente y Ministerio de Energía y Minas), las compañías petroleras privadas y los Waorani para permitir que estos habitantes continúen viviendo en aislamiento mediante la creación de 760.000 hectáreas de zona intangible.  En el año 2006, con la colaboración de USAID, los Waorani también desarrollaron un “Plan de Vida” de 20 años para educación, salud, empleo y desarrollo, previa consulta a docenas de comunidades remotas, compañías petroleras, ONGs, Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas.

Los programas de USAID con los Cofanes, en el área norte-centro del Ecuador, dieron como resultado el patrullaje por parte de los guarda parques comunitarios de 380.000 hectáreas de su territorio ancestral y la adquisición de 10.000 hectáreas de territorios ancestrales para conservación.  Con la colaboración de USAID, los guardias forestales Chachi actualmente también patrullan satisfactoriamente 30.000 hectáreas de la Gran Reserva Chachi y tres comunidades Chachi reciben pagos anuales por sus servicios ambientales.

USAID ayudó a más de 30 organizaciones locales e indígenas a fortalecer su capacidad para apalancar fondos.  Durante el período 2005-2006 dichas organizaciones contribuyeron con $1’727.344, lo que significa que sobrepasaron la inversión de USAID de $1’377.640.  Seis organizaciones obtuvieron $1’256.668 (incluyendo $800.000 de la compañía petrolera Repsol para la Federación Waorani).  A la fecha, cuatro de las ocho organizaciones son autosuficientes y las demás han alcanzado una autosuficiencia superior al 67%.

Asistencia a Desastres Naturales
Cuando se trata de hacerle frente a un desastre, el tiempo es esencial.  En el año 2006, USAID/Ecuador y USAID/OFDA se movilizaron de inmediato para atender a las víctimas de dos desastres.  En el mes de febrero, USAID entregó $50.000 en equipos de purificación de agua que beneficiaron a 5.400 víctimas de las inundaciones en las provincias de Guayas y Los Ríos.  

En el mes de agosto USAID también respondió a la erupción del Volcán Tungurahua.  Al dentro de dos días después de la erupción, el personal de USAID fue a Tungurahua a realizar un diagnóstico de las necesidades de las víctimas.  USAID entregó $50.000 en artículos de limpieza personal a 1.000 familias.  También entregó alimentos para 25.995 animales agrícolas pertenecientes a 1.246 familias y entregó $72.000 en equipo de monitoreo sismológico vital.   El apoyo permanente de USAID a los sistemas de alerta temprana salvó cientos de vidas.

Trata de Personas (TIP)
En junio del 2006, el Ecuador salió del Nivel 3 al Nivel 2 en el Sexto Informe Anual de Trata de Personas (TIP) del Departamento de Estado, como resultado de un claro progreso de prevención, protección y sanción.  La Primera Dama del Ecuador, María Beatriz Paret de Palacio fue seleccionada como una de las diez heroínas que ha trabajado para terminar con la esclavitud moderna.  Además,  Ecuador obtuvo dos mejores prácticas internacionales que fueron resaltadas por la oficina de TIP del Departamento de Estado, la una por utilizar la cultura popular y la otra por utilizar el transporte público para difundir los mensajes contra la trata de personas.

Desde la publicación del informe de TIP, el Ecuador ha continuado sus acciones proactivas.  Durante el período marzo-diciembre 2006, se han realizado al menos 75 arrestos por causas relacionadas con TIP y actualmente se encuentran en algún estado de investigación/sanción.  En el mes de septiembre, el GOE capturó su primer convicto por TIP, sentenciando a una persona a 12 años de prisión, lo que constituye la primera condena bajo la nueva ley penal en contra de la trata de personas promulgada en junio del 2005.  Otros dos casos en Pichincha, están en proceso y otros dos en El Oro.

En el mes de agosto, el Presidente Palacio firmó el Decreto Ejecutivo No. 1823, declarando a TIP como una prioridad política nacional y promulgó un Plan Nacional para luchar contra la trata de personas, el tráfico de personas, la explotación laboral, sexual y de otros tipos, la prostitución a menores y adolescentes, la pornografía infantil y la corrupción a menores.

El 13 de diciembre, Ecuador lanzó la línea candente y campaña “Llama y Vive”, un resultado de la alianza con el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), la Fundación Ricky Martin, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y USAID.  USAID, a través de OIM, entregó una donación inicial de $100.000 para lanzar la campaña y el BID proveerá $40.000.

Adicionalmente, en diciembre 2006, USAID/Ecuador recibió $250.000 más de la oficina de Desarrollo de la Mujer en USAID/Washington para financiar los albergues de TIP.

Desarrollo Inclusivo. 
USAID recibió $375.000 adicionales de nuestras oficinas en Washington para financiar un programa para las Personas con Discapacidad (PCD), a través de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF).  Cabe señalar que FENEDIF representa a cinco federaciones nacionales de y para personas con discapacidad (FENEDIF, FENCE, FENASEC, FENODIS y FEPAPDEM).  El programa está diseñado para promover la participación política de las personas con discapacidad y para la implementación de un servicio de colocación laboral.
 
En términos de la participación de las personas con discapacidad en las últimas elecciones nacionales, la campaña publicitaria de FENEDIF a nivel nacional dio como resultado 18 noticias de TV y 3 noticieros radiales, como también 14 artículos de prensa explicando los derechos políticos de las personas con discapacidad.  USAID también financió la impresión de 24.000 papeletas en sistema Braile, las mismas que se distribuyeron a todos los recintos electorales.  FENEDIF también realizó la capacitación de sus asociados en todas las 22 provincias y llegó a una audiencia de 50.000 personas con discapacidad, a través de materiales de información pública.   FENEDIF además sensibilizó a aproximadamente 100.000 miembros del Tribunal Electoral, militares y policía en los derechos de las personas con discapacidad y en la forma en la qué podrían ayudar a las personas con discapacidad para que accedan a sus recintos electorales y puedan votar.  En la segunda vuelta de elecciones, los 36.000 recintos electorales llenaron una encuesta, la misma que proporcionará a FENEDIF y al Gobierno de Ecuador la información de cuántas personas con discapacidad votaron en cada recinto electoral, si el recinto electoral fue accesible y de no ser así, cuáles fueron los principales impedimentos físicos.

A pesar de que los resultados totales de las votaciones no estarán disponibles sino hasta febrero, existen evidencias anecdóticas que indican que un mayor número de personas con discapacidad votaron en esta elección, comparado con las elecciones anteriores y que el número de votantes con discapacidad aumentó entre la primera y segunda vuelta.  Los datos de unos pocos recintos que fueron monitoreados en Quito indicaron que en la primera vuelta votaron un total de 120 personas con discapacidad, en tanto que en la segunda vuelta, el número de votantes con discapacidad llegó a 718.

En diciembre del 2006, FENEDIF recibió de Microsoft una donación de $105.935 ($30.000 en efectivo y $75.935 en software y copias del programa de capacitación de Microsoft).   Esta alianza entre FENEDIF y Microsoft complementa un programa de USAID para establecer 10 telecentros que permitan aumentar el acceso a comunicaciones mundiales para la gente pobre de área rural.  El programa FENEDIF/Microsoft se encargará de equipar cinco de los telecentros rurales con tecnología apropiada, de manera que las personas con discapacidad puedan utilizar los telecentros y beneficiarse de la capacitación en tecnología informática.  

Frontera Norte
Durante el año fiscal 2006, el programa de Frontera Norte ayudó a 170.000 habitantes dándoles acceso a agua potable, saneamiento, vías, puentes, empleo e incremento de ingresos.  Un total de 114.000 habitantes tuvo acceso a sistemas nuevos o mejorados de agua potable.  Se construyó un total de 18 sistemas nuevos de agua potable; 15 sistemas de saneamiento fueron construidos/reparados; y se construyeron 15 puentes.  Desde el año 2001, el programa ha financiado 104 sistemas de agua, 34 sistemas de alcantarillado, 112 kilómetros de vías, 60 puentes, 9 sistemas de irrigación y se ha mejorado el ingreso de mas de 12.600 familias, beneficiando a más de 400.000 habitantes.de las provincias fronterizas

USAID también se encuentra documentando los impactos que ha tenido en el área de salud como resultado de las mejoras de infraestructura.  Una encuesta del 2006 en la que se comparaba datos estadísticos de salud del 2002 al 2005 en nueve comunidades de la frontera norte y en donde USAID financió el mejoramiento de agua y saneamiento, reflejó disminuciones dramáticas en la incidencia de parasitosis, enfermedades dermatológicas y diarréicas.  En la comunidad de Mataje, por ejemplo, la parasitosis disminuyó de 437,5 a 122,6 casos por mil nacidos vivos y las enfermedades diarréicas disminuyeron de 333,3 a 233 casos por mil nacidos vivos.  Se encontraron resultados similares en la población de Jambelí.  Allí disminuyó la parasitosis de 340,4 a 76,9 casos y las enfermedades diarréicas de 96,7 a 6,4 casos por mil nacidos vivos.  En la población de General Farfán, la incidencia de dermatitis disminuyó de 172,9 a 21,7 casos por mil nacidos vivos.

Como contrapeso a la oferta de trabajos lucrativos en la venta de químicos precursores, cosecha de coca, procesamiento y tráfico de drogas, USAID ha promovido satisfactoriamente actividades lícitas productivas.  En el año 2006, en la Frontera Norte se crearon 3.232 nuevos empleos de tiempo completo.  Adicionalmente a estos nuevos trabajos, cerca de 5.000 familias granjeras aumentaron sus ingresos gracias a la asistencia financiera de USAID, a través de mejoramiento en las prácticas agrícolas y de post-cosecha y en la identificación de canales de mercadeo que vinculan a los agricultores directamente con los compradores/exportadores.  En el 2006, cerca de 3.900 nuevos productores de cacao aumentaron sus ingresos de $687 a $973; un total de 1.223 productores de café incrementaron sus ingresos de $613 a $929; 73 productores de brócoli aumentaron sus ingresos de $1.731 a $3.114 y los productores de aguacate aumentaron sus ingresos de $6.883 a $11.600.  Un total de 5.000 productores de cacao y café recibieron capacitación agrícola y financiera y se fortalecieron más de 30 organizaciones agrícolas.  Aproximadamente 500 agricultores están terminando su capacitación básica en cultivo de cacao y tecnologías de post-cosecha a través de la altamente exitosa metodología de “Escuelas de Campo”. 

Como resultado de este programa, en el 2006 se sembraron 12.000 nuevas hectáreas de árboles de cacao y café.  Durante los últimos tres años, se han sembrado más de 26.600 hectáreas de árboles de cacao y café.  Aproximadamente 2.500 productores de café de las provincias Amazónicas de la Frontera Norte actualmente exportan granos Robusta a Colombia. Además, en el 2006 se exportó café Arábico de Imbabura a Japón.

Cabe resaltar el éxito de la innovadora campaña de relaciones públicas/comunicaciones, conocida como “Juntos”.  Además de los múltiples spots de radio y TV producidos y transmitidos en 2005, en el año 2006, la campaña produjo doce mini-documentales de dos minutos cada uno, los mismos que se transmitieron en los principales noticieros.  “Juntos” también se benefició en aproximadamente $300.000 por transmisiones gratuitas, a través de los spots de TV pagados por el Gobierno durante los partidos finales de la Copa Mundial y de una cadena nacional especial de diez minutos financiada por el Gobierno y que fue transmitida en el mes de octubre.  Se logró una alianza con la red de TV con mayor audiencia en la Frontera Norte, para 24 transmisiones de 2 minutos sobre las actividades financiadas por USAID en la Frontera Norte.

En el 2006, la campaña “Juntos” financiada por USAID alcanzó un reconocimiento internacional.  La campaña ganó el primer premio entre concursantes gubernamentales y de ONGs, en la prestigiosa competencia de la Liga de Profesionales Americanos en Comunicación.  De todas las 400 inscripciones, en las que participaban marcas comerciales y compañías multinacionales como Wal-Mart que gasta millones en propaganda, la campaña “Juntos”  llegó al 20vo lugar en la competencia general.

Frontera Sur
El programa de la Frontera Sur se estableció para apoyar los acuerdos de paz entre Perú y Ecuador firmados en 1998.  Desde que se inició este programa en el año 2001, se han beneficiado 489.317 personas de la construcción de 104 sistemas de agua, más de 4.000 letrinas, 27 sistemas mejorados de recolección y reciclaje de basura del municipio, y actualmente un total de 161.512 hectáreas de territorio indígena están dentro de los planes de mejoramiento de los recursos naturales.

En el año 2006, el programa ha beneficiado a más de 14.000 personas con sistemas de agua potable mejorada, saneamiento y desechos sólidos.  Asimismo,  mejoró la capacidad de 26 gobiernos locales para que atiendan las necesidades de los ciudadanos, a través de mecanismos para consultoría y una mejor entrega de servicios.  En el 2006, 31.000 hectáreas adicionales de territorio indígena fueron legalmente tituladas a la tribu Shuar y actualmente los planes de administración de los recursos sustentables cubren 12.000 hectáreas adicionales.